La
comparecencia de Rajoy de hoy ha eclipsado la que para mí es otra de las
noticias importantes del día: El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha mostrado públicamente su oposición a la reforma de la ley delaborto planteada por el ministro de justicia, Alberto Ruíz Gallardón.
A la espera
de que vea la luz el texto definitivo del proyecto de ley un sector del partido
popular se ha mostrado contrario a la eliminación del supuesto de malformación
del feto. Una medida que levantó ampollas desde que se conoció su posible inclusión
y que supondría un retroceso de casi 20 años.
La modificación
anunciada por Gallardón ya hizo alzar la voz hace unos meses a médicos y
mujeres. Para mí la cuestión no admite debate alguno, nadie debe obligar a
sufrir a una persona. Las malformaciones
del feto pueden, en algunos casos, llevar al futuro niño a una vida de dolor y
penurias. Sus padres, por su parte, vivirían día a día la peor de las
tristezas, ver sufrir a un hijo sin poder hacer nada para ayudarlo, criar a un
niño que nunca podrá valerse por sí mismo. ¿Alguien puede obligar a otra
persona a una vida así? Sin duda esta es una decisión que solo uno mismo puede
tomar.
Cuando
Zapatero reformó esta misma ley la polémica iba en otra dirección. La mayor
parte de la atención la acaparó la inclusión del derecho al aborto de menores sin
consentimiento ni conocimiento de sus padres. Sinceramente yo no estoy de
acuerdo en que sea así, ya que cualquier procedimiento médico que conlleve un
riesgo, por pequeño que sea, e implique a un menor de edad debería ser puesto
en conocimiento de los padres. Sin embargo, en cuanto al consentimiento, no puedo evitar pensar en la situación en que
podría encontrarse una menor embarazada con un padre como Gallardón.
La ley del
aborto, desde mi punto de vista, debe proteger ante todo a la mujer. No es que
no crea en el derecho a la vida, simplemente creo en el derecho a elegir y,
especialmente, en el derecho a una vida digna. Tanto para la madre como para el
bebé. Sin esto garantizado nadie debe elegir por
nosotros. Más aún cuando por un lado se defienden modificaciones como excluir
las malformaciones del feto de los
supuestos y, por otro, se recortan las ayudas a la dependencia.
Todo aquel
que sea contrario no debe sentirse ofendido, pues nadie le obliga a abortar. Simplemente
debería respetar que otras personas piensen y actúen de forma diferente. A fin
de cuentas, con una ley o con otra, el aborto seguirá existiendo. La diferencia
es que, cuanto más restrictivo sea, la clase pudiente saldrá al extranjero para
ejercer su derecho a decidir y quien no tiene fondos encontrará otra manera de solucionarlo,
con todo cuanto esto conlleva.
El aborto es
y siempre ha sido un tema escabroso. Legislarlo sin polémica es complicado, por
no decir imposible. Por eso en estos casos siempre debe imperar el sentido
común, que nunca es amigo de los fanatismos.
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